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El proyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior ha recibido el rechazo de todas las universidades y escuelas politécnicas del país, que en diversas reuniones celebradas en distintas ciudades, han expresado que es atentatoria contra la autonomía universitaria, conquista lograda por la universidad latinoamericana tras años de arduas luchas. De igual manera la universidad ecuatoriana reconoce de manera pública que es indispensable una ley que haga efectivos los cambios trascendentales y estructurales a operarse en beneficio de su elevación académica que le permita ser parte insustituible del plan de desarrollo nacional.
La universidad tiene razón para oponerse a este proyecto de ley porque no han sido tomadas en cuenta sus sugerencias, ideas, aspiraciones, requerimientos que oportunamente fueron planteados en talleres en los que se participó abiertamente. Al no ser escuchados este proyecto no recoge la verdadera realidad de la educación de tercer nivel.
La universidad, convencida que es parte importantísima de la vida nacional, con el propósito que las cosas se hagan bien, y no muy a la carrera sugiere la elaboración de una nueva propuesta de este cuerpo legal que sea producto de un consenso entre todos los sectores que se encuentran involucrados, esto es el Ejecutivo, las universidades, la sociedad civil, para que el mismo sea analizado y posteriormente aprobado por la Asamblea Nacional.
La violación de la autonomía universitaria, que es evidente en este proyecto de ley, lo hace ser inconstitucional porque la Carta Política vigente en el artículo 355 reconoce y garantiza a las universidades y escuelas politécnicas la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. La Universidad ecuatoriana no desconoce que está obligada a rendir cuentas al Estado de los fondos económicos que le suministre para su desenvolvimiento con sujeción a las leyes correspondientes, por lo que puede ser fiscalizada, al igual que no la exime de su responsabilidad social, ni de su participación en la planificación nacional.
Además, se cuestiona una serie de disposiciones dentro del proyecto de ley por aprobarse, como exigir a todas las universidades contar con docentes de cuarto nivel, algo irreal, ya que por el momento este nivel se alcanza únicamente en el exterior por no contar aún las universidades ecuatorianas con la infraestructura académica para masificar los títulos de cuarto nivel. En este sentido, se cuestiona que no se haya socializado previamente el proyecto emanado del Gobierno, a fin de apuntar los correctivos que sean necesarios, en base a la realidad de la educación superior ecuatoriana, sin copiar burocráticamente de otras experiencias de legislación universitaria. Es de esperar por lo tanto que se discutan ciertos aspectos del proyecto de ley, a fin de que éste resulte efectivamente una contribución para mejorar la calidad de nuestra educación superior.
